El agua dulce es un elemento vital para la vida humana y es un bien finito, cada vez más escaso a nivel mundial, especialmente en los ecosistemas de zonas áridas, semiáridas y mediterráneas, tal como el norte y centro de Chile. En nuestro país, el Código de Aguas de 1981 considera este vital elemento como un bien nacional de uso público y a su vez un bien económico que puede ser transable en el mercado. Esto significa que el agua se reconoce como un patrimonio colectivo de todos los chilenos, sin embargo su aprovechamiento y gestión quedan amparados por las garantías constitucionales del derecho de propiedad1 y bajo los criterios del mercado. El Código de Aguas establece dos tipos de derechos de aprovechamiento de agua: el uso consuntivo y el uso no consuntivo. El uso consuntivo se refiere al consumo de aguas que no pueden ser reutilizadas (p.e. agricultura, minería, industria y consumo humano) y el uso no consuntivo se solicitan para utilizar el agua y luego devolverla al curso de origen en la misma cantidad y calidad (p.e. hidroelectricidad y piscicultura). Bajo este régimen la Dirección General de Aguas (DGA), institución del Estado a cargo de la gestión del agua en Chile, concede a entidades privadas los derechos de aprovechamiento de uso de agua gratuitamente y a perpetuidad, situación única en el mundo. Una vez promulgado el Código de Aguas, la escasa información en los respectivos territorios sobre los mecanismos para obtener los derechos de aprovechamiento de agua, permitió que en menos de una década los grandes grupos económicos dueños del sector eléctrico, minero y agrícola exportador concentraran la propiedad de los derechos de aprovechamiento del agua, en perjuicio del acceso a este bien para los habitantes rurales. El actual Código de Aguas separa la propiedad del agua de la propiedad de la tierra, lo que impacta directamente a los habitantes rurales que no poseen los derechos de aprovechamiento consuntivo del agua que corre por sus propios terrenos.

Uso del agua Chile es un país que basa su economía en la exportación de materias primas (commodities), provenientes del sector minero, dulceacuícola y agroforestal, todos altamente demandantes de agua dulce. Sin embargo, además de la concentración de la propiedad del agua, sus prácticas productivas disminuyen la capacidad de los suelos de retener agua en el suelo y subsuelo (por ejemplo las talas rasas en plantaciones forestales y la agricultura intensiva) y son altamente contaminantes del agua en sus procesos productivos (por ejemplo relaves mineros e industria
1 En el Artículo 19 inciso N°24 de la Constitución Política de Chile de 1980, se declara que “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.

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Parte importante de los ríos del centro-norte están en una situación de colapso por contaminación o sobreexplotación (DGA 2014). El modelo de gestión en Chile está centrado en criterios de asignación de oferta y demanda en transacciones de mercado, permitiendo la especulación especialmente en zonas de mayor escasez como el norte y centro del país. Debido a la alta concentración en la propiedad de los derechos de agua y su escasez incremental los precios suben, la especulación aumenta y los derechos de aprovechamiento de agua se hacen inalcanzables para los habitantes rurales, que no pueden competir frente a sectores altamente rentables como el minero o agrícola. En este escenario, un problema fundamental del Código de Aguas es que no presenta prioridades de uso, quedando el consumo humano en desmedro de las grandes actividades económicas que acaparan los derechos de aprovechamiento y contaminan las aguas.

Fuente : Agua en Chile