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Estado moderno:

Es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima (Weber, 1967).

Es un ente social que se forma cuando, en un territorio determinado, se organiza jurídicamente un pueblo que se somete a la autoridad de un gobierno (Biscaretti Di Rufia, 1965).

Es una corporación formada por un pueblo, dotada de un poder de mando originario y asentada en un determinado territorio (Jellinek, 2000).

Agrupación humana, fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el Bien Común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción (Hauriou, 1980).

¿POR QUÉ SE DICE QUE EL ESTADO ES “MODERNO”?

Porque la justificación sobre su origen y existencia rompe con la narrativa tradicional de naturaleza teológica, conforme a la cual el Estado se fundaba en la voluntad divina y, por ello, todos los individuos estaban obligados por mandamiento del mismo Dios a reconocerlo y a someterse a su organización (Jellinek, 2000).

Su modernidad radica en el abandono de esas ideas sagradas y la irrupción de una nueva narrativa que justifica su existencia: las teorías contractualistas. Dichas teorías difieren significativamente según el autor que las desarrolla (Hobbes, Locke, Rousseau), pero comparten un rasgo central: se trata de una justificación secular del Estado. La idea del contrato social como forma de organización del poder prescinde de las justificaciones divinas del mismo (García & Contreras, 2014).

Estado

En las definiciones anteriores, pudimos notar que había algunos elementos comunes. Éstos son los que sustentan la base del Estado Moderno y son Poder, Territorio y Población.

Poder:

El Poder es una fuerza nacida de la voluntad, destinada a conducir el grupo en la búsqueda del bien común y capaz, cuando el caso lo requiera, de imponer a sus miembros la conducta que él ordena (Silva Bascuñán, 1963).

Esta es la definición básica que se grafica como la capacidad entre A y B, de que B haga lo que A le pida.

Poder Político – Autoridad – Legitimidad:

Max Weber habla que el Poder Político es la capacidad de uno o más individuos de imponer su voluntad frente a un grupo. No obstante, es necesario que se funde en la idea de Autoridad y que quien se impone, en este caso el Estado, cuente con un poder coactivo para hacer ejercicio de dicho poder, sobre todo si éste no se sustenta en el marco de la Legitimidad.

Es decir, el Poder político debe ir acompañado por Autoridad y Legitimidad.

Territorio: 

Extensión del espacio terrestre, marítimo, aéreo y jurídico en el cual se despliega la autoridad del Estado y se ejerce el Poder.

El territorio terrestre se clasifica en suelo y subsuelo.

El territorio comprende:

La tierra y el subsuelo.

Las aguas interiores, su lecho y el subsuelo,

El mar territorial, su lecho y subsuelo,

El espacio aéreo que cubre la tierra firme, las aguas interiores y el mar territorial.

Soberanía Territorial

Ciertos espacios se consideran territorio nacional, pese a encontrarse fuera de éste, como las embajadas o consulados y los buques de guerra en puerto extranjero.

Población.

 Es el conjunto de habitantes del estado, cada uno de los cuales es titular de derechos civiles (Vivanco 2006)

Pueblo: Es solo una parte de la población que tiene un estatus superior ya que junto  de ser titular de derechos y obligaciones civiles, también lo es de derechos y obligaciones política es decir, conforman lo que es el cuerpo electoral o ciudadanía.

La idea de Nación nace del hecho de considerar que además del vínculo político que une al pueblo con el Estado, existen otros factores vinculantes de la comunidad hacia éste.

En su origen etimológico, la palabra Nación indica un vínculo de comunidad dado por el hecho de nacer en un territorio determinado.

Se puede definir a la Nación como el conjunto de personas unidas por vínculos tales como las tradiciones, raza, costumbres, lengua, religión, comunidad histórica y una cierta identidad común: la identidad nacional (Ángela Vivanco, II edición).

Nacionalidad es aquella persona que cumple los requisitos básicos que el estado señala para pertenecer a él con plenos derechos, lo que encuentra su antecedente en la nacionalidad como vinculo jurídico con un estado determinado

Ciudadanía: Ciudadano es aquel nacional que se encuentra habilitado para el ejercicio de los derechos políticos, especialmente en el derecho de sufragio y el de ser elegido, por lo cual podemos decir que la ciudadanía es una especie dentro del género de la nacionalidad,

 Ejemplo de Nacionalidad y Ciudadanía: Un niño nacido en Chile, cuyos padres tienen nacionalidad y ciudadanía chilena, posee la misma Nacionalidad, no obstante aún no cumple con los requisitos para ser ciudadano.

El Bien Común es transversal, ya que el actuar del Estado debe estar orientado a él, tal como lo dicta nuestra propia Constitución. Pero, ¿qué es el Bien Común? y ¿cuáles son sus elementos?

La Constitución Política de la República de Chile, en su artículo 1°, inciso cuarto ha establecido que el “Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el Bien Común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”. En este inciso se encuentra consagrado el llamado Principio de Servicialidad del Estado. Concepto de Bien Común: Este consiste en aquel conjunto de condiciones que permiten a las personas y a la sociedad alcanzar la perfección que les es debida de acuerdo a su naturaleza. El Bien Común afecta a la vida de cada uno de los miembros de la sociedad, exigiendo el ejercicio de la prudencia por parte de cada uno y muy especialmente por quienes ejercen la autoridad” (Vivanco, 2006).. Este Principio quiere decir que el Esta

ELEMENTOS DEL BIEN COMÚN

El concepto de Bien Común de la Constitución posee distintos elementos:

Contribución: Con el objeto de disponer que el Estado no es el único ente que debe crear las condiciones para el Bien Común, sino que lo hace en conjunto con la sociedad civil (grupos intermedios).

Creación de Condiciones sociales: De diversas características que deben permitir la mayor realización espiritual y material posible. Es decir, busca un objetivo de desarrollo humano INTEGRAL que, no obstante, es una tarea continua y que no acaba.

Realización: Alcanza a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional, lo que excluiría posiciones ideológicas colectivistas, utilitaristas y/o atomistas.

Derechos y Garantías que la Constitución establece: Marcan los límites de la labor del Estado.

(García Pino y Contreras Vásquez, 2014).

Todos los Estados son modernos,  Pero, existen excepciones las cuales veremos a continuación.

ESTADO FALLIDO O FRÁGIL: Se caracteriza por tener “…un gobierno tan débil o ineficaz, que tiene poco control sobre su territorio; no provee ni puede proveer servicios básicos; presenta altos niveles de corrupción y de criminalidad, refugiados y desplazados, así como una marcada degradación económica…” Ejemplo: Somalia.

(Revista de la Academia Diplomática, 2004)

NACIONES SIN ESTADO: Son “…comunidades humanas que, aun teniendo las características culturales asociadas habitualmente con una Nación, no disponen de un estado propio, y, en muchos casos, no están tampoco reconocidas oficialmente como comunidades diferenciadas. Las naciones sin estado, por lo tanto, están incluidas en estados opresores donde la Nación predominante es otra, o se encuentra repartida entre diversos estados…” Ejemplo: Quebec (Canadá) y Groenlandia (Dinamarca).

(Revista de la Academia Diplomática, 2004).

En nuestro país, también hemos vivido procesos modernizadores ya que el Estado, como la mayoría de los fenómenos sociales, debe ser capaz de adaptarse a los continuos cambios del entorno para contribuir, de forma creciente, al logro de mejores condiciones de bienestar y desarrollo para sus ciudadanos.

MODERNIZACIÓN: Instrumento por medio del cual se conduce al estado de la modernidad, en donde “todo es moderno o donde lo moderno se constituye como el componente central de la realidad social” (Ramírez, 1997).

REFORMA DEL ESTADO: Abarca cambios en la relación en diversas dimensiones:

Instituciones Públicas, Sistema político, Organizaciones gubernamentales, Mercado, Sociedad civil.

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO: Conjunto de transformaciones, innovaciones tecnológicas, políticas e institucionales, que mejoran la capacidad del Estado para responder de manera oportuna, eficaz y eficiente a las necesidades de la ciudadanía.

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA: Se entiende como la incorporación de nuevos enfoques de índole empresarial, tales como Reingeniería, Benchmarking o Outsourcing, cuya finalidad fue superar la administración burocrática que caracterizaba a los países menos desarrollados

 El Estadoo se ve enfrentado a procesos modernizadores, lo que origina nuevos desafíos en el desarrollo de este Estado Moderno. Entre los que se pueden destacar:

Sociedad Civil

Se puede entender como un sector entre el Estado y el Mercado (tercer sector), y que corresponde a la expresión de la población de manera individual y/o colectiva

Participación

Involucramiento activo de los ciudadanos y las ciudadanas en procesos de información, consulta y toma de decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas.

Rendición de Cuentas (Accountability)

Responsabilidad de responder por un desempeño particular ante las expectativas de distintas partes interesadas.

Globalizacion

El reconocimiento de los Estados, pasa por la adecuación a una serie de valores, principios y reglas generadas internacionalmente y que suponen un control de legitimidad externo permanente.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 Con el propósito de tener un acercamiento general sobre qué se entiende por Participación Ciudadana revisaremos algunas reflexiones internacionales.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), identifica algunos fenómenos que han permitido a sus miembros (como Chile), fortalecer sus relaciones con los ciudadanos:

  • Creciente abstencionismo en las elecciones.
  • Disminución de la militancia en partidos políticos.
  • Pérdida de confianza en las instituciones básicas.
  • Exigencia de una mayor transparencia a nivel transversal.
  • Nuevas formas de representación y participación en la esfera pública.
  • Ciudadanos cada vez más capacitados e informados.
  • Mundo en constante cambio y globalización, en el que cada vez más imperan las redes y no las jerarquías.

El Banco Mundial reconoce que la participación ciudadana puede contribuir a mejorar los resultados en el ámbito del desarrollo, a través de una orientación más adecuada de las intervenciones y un mejor seguimiento del desempeño de Gobiernos y prestadores de servicios tanto desde la perspectiva del sector público como del privado.

Autores como Nuria Cunill, definen la participación ciudadana como la intervención de los particulares en actividades públicas, a las que aportan ciertos intereses sociales. Por su parte, el Banco Mundial y el Gobierno de Chile entienden a la participación ciudadana como:

Banco Mundial

El Banco Mundial entiende la participación ciudadana como la interacción bidireccional entre los ciudadanos y los Gobiernos o el sector privado, que permite a la ciudadanía influir en la toma de decisiones para mejorar los resultados intermedios y finales de la intervención en materia de desarrollo.

Gobierno de Chile

La Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, suscrita por el Gobierno de Chile en el año 2009, indica que:

“La participación ciudadana en la Gestión Pública es el proceso de construcción social de las políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas, y los derechos de las organizaciones o grupos en que se integran, así como los de la comunidad y pueblos indígenas”.

Con el propósito de identificar los distintos ámbitos a través de los cuales la participación ciudadana se puede desenvolver, se ha tomado como base orientadora la clasificación propuesta por la OCDE en su “Manual sobre información, consulta y participación en la elaboración de políticas públicas”, que reconoce tipos de relaciones que el ciudadano establece con las instituciones públicas.

Información:     Las instituciones públicas difunden informaciones por sí mismas, sobre la elaboración de las políticas, o bien los ciudadanos la obtienen demandándola. En ambos casos el flujo de información está orientado unidireccionalmente de las instituciones públicas a los ciudadanos.

Consulta:            Las instituciones públicas demandan y reciben respuestas de los ciudadanos sobre elaboración de políticas. Aquí las instituciones definen de quienes desean recibir opinión y los puntos precisos sobre los cuales opinar. Así la consulta crea una relación bidireccional limitada entre instituciones públicas y ciudadanos.

Participación Activa:     Se participa activamente cuando los mismos ciudadanos actúan en la elaboración de políticas públicas, por ejemplo, proponiendo alternativas, creando una relación bidireccional elaborada por las instituciones públicas y los ciudadanos, basada en el Principio de coparticipación.

Hechas estas consideraciones, examinemos el tratamiento que el ordenamiento jurídico chileno otorga a la participación ciudadana:

 Artículo 1 inciso 1 “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”:

Sustrato indispensable del régimen democrático.

Artículo 1 inciso 3 “El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos”:

Otra manifestación del carácter democrático del Estado, que valora la capacidad de autodeterminación de las organizaciones constituidas en ejercicio de la libertad de asociación.

Artículo 4 inciso 4 “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”:

Reiterado en el artículo 3, ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Guarda relación con los Principios de servicialidad y de promoción del bien común.

Artículo 1 inciso 5 “Derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”: Guarda relación con el Principio de participación.

Articulo 19 en sus numerales 12 y 25

 Numeral 12:

“La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado”.

Numeral 25:

“La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular”: Ambos numerales consagran la libertad de información, opinión y creación y de difusión artística.

Articulo 19 numeral 13 y 15

 Numeral 13:“El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas”.

Numeral 15: “El derecho de asociarse sin permiso previo”.

Ambos numerales se relacionan con el derecho de reunión y el derecho de asociación

Articulo 19 numeral 19 “El derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria”: Se relaciona con el derecho de sindicalización.

Articulo 19 numeral 14 “El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes”: Se relaciona con el derecho de petición

De lo expuesto anteriormente, podemos entender la participación ciudadana como deber, derecho y mecanismo.

Deber: Responsabilidad de participar en los asuntos públicos.

Derecho: Posibilidad de involucrarnos en el quehacer público.

Mecanismo: Diversos instrumentos o vías a través de los cuales podemos ejercer nuestros deberes y derechos.

 Las formas de participación vinculadas a la información pública, son:

Vinculada a la Información Pública:*Gobierno Electrónico

Si bien en Chile, la utilización del e-gob se enmarca dentro de los denominados mecanismos “consumeristas”, aún no ha alcanzado la ansiada e-democracia, definida como la aplicación de las TICs a la ampliación y profundización de prácticas y experiencias democráticas, particularmente en lo que se refiere a la participación efectiva de los ciudadanos.

*Información Pública: La información permite a los ciudadanos controlar al gobernante y decidir su permanencia en el cargo a través del ejercicio del sufragio. Permite además desarrollar acciones de accountability o control social mediante acciones administrativas o jurisdiccionales, la presión social, la publicidad de los medios de comunicación o de las manifestaciones en ejercicio de las libertades de expresión, asociación y reunión, todo ello en aras de la transparencia.

*Participación mediante el acceso a la información sobre la administración del Estado

Mediante el principio de transparencia los fundamentos de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, quedan investidos de publicidad, permitiendo a cualquier persona solicitar información sobre estas, independientemente de su formato o soporte.

Las formas de participación relacionadas al trámite de los asuntos públicos, son:

*Asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública

La Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, contempla 4 mecanismos de participación mínimos y obligatorios para las administraciones regidas por dicho cuerpo normativo, a saber:

  • Información Relevante.
  • Cuenta Pública Participativa.
  • Consulta Pública.
  • Consejos de la Sociedad Civil (COSOC).

Participación en el Proceso Administrativo

La participación en el proceso administrativo busca encuadrar esta actividad en cauces formales destinados, por una parte, a asegurar el respeto de los derechos de los particulares y, por la otra, a obtener una actuación de la Administración eficaz, oportuna y apegada a la legalidad, expresándose a través de las siguientes formas:

Facultad de solicitar la iniciación de un procedimiento administrativo.

Principio de contradictoriedad.

Legitimación para impugnar los actos administrativos y para solicitar su revisión.

Periodo de información pública.

Participación en Asociaciones para la Gestión Pública

El Estado reconoce a las personas el derecho a asociarse libremente y de participar en sus políticas, planes, programas y acciones de manera individual o colectiva. Cada órgano de la Administración del Estado debe establecer las modalidades de participación que tendrán las personas y organizaciones en el ámbito de su competencia. Estas modalidades deben mantenerse actualizadas y publicarse a través de medios electrónicos u otras formas de difusión.

Desde el punto de vista del ámbito de participación, las formas de participación ciudadana son:

Plebiscito de Reforma Constitucional

Este se trata de un recurso del Presidente de la República contra el Poder Legislativo; mediante el cual, la ciudadanía dirime un conflicto político institucional entre autoridades representativas, sumándose a la voluntad del Presidente o del Congreso, sin que exista una etapa previa de exposición de las ideas y deliberación por la comunidad, dado que las alternativas vienen dadas por los órganos representativos.

Participación a Nivel Regional

En esta instancia la intervención de los ciudadanos ocurre a través de las siguientes acciones:

  • Consejo Regional (CORE).
  • Consejo Económico y Social Provincial.
  • Políticas, Planes y Programas de Desarrollo Regional.
  • Corporaciones (Asociaciones) y Fundaciones.
  • Reclamo de Ilegalidad Regional.

Participación a Nivel Comunal

La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, es el cuerpo normativo que reconoce la más amplia gama de instrumentos de participación ciudadana, dentro de los cuales encontramos:

Plebiscito Comunal.

Consultas no vinculantes.

Consejo Comunal.

Audiencias Públicas.

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil.

Oficina de Informaciones y Régimen de Información Pública.

Ordenanza de Participación.

Plan de Desarrollo Comunal.

Promoción del Desarrollo Comunitario y Asociatividad.

Cuenta Pública.

Delegado Municipal.

Reclamo de Ilegalidad Municipal.

También desde la óptica de determinados recursos, es posible observar las formas de participación ciudadana:

Participación en Materia Ambiental

También este ámbito ha experimentado un importante impulso desde la participación ciudadana, ello mediante la implementación de mecanismos como:

Participación en el Sistema de Evaluación e Impacto Ambiental.

Participación en el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica.

Participación en la Dictación y Revisión de Normas de Calidad y Emisión de Prevención y Descontaminación.

Participación en Órganos Consultivos.

Participación en la Gestión de Áreas Protegidas.

Justicia Ambiental.

Fondo de Protección Ambiental y Educación Ambiental.

Participación en el Ámbito Pesquero

Dado que el ejercicio de las potestades de la Administración (especialmente para la conservación de recursos hidrobiológicos), puede oponerse a los intereses de los particulares, los ciudadanos tienen el derecho a intervenir en dichas posiciones, usando para ello los siguientes mecanismos:

Consejo Nacional de Pesca.

Consejo Zonal de Pesca.

Otros Órganos Consultivos.

Participación en el Proceso de Zonificación del Borde Costero

La participación en este proceso reconoce una faz informativa superior al régimen de acceso común, ya que establece la publicación de la propuesta de zonificación con un aviso en un diario local y otra consultiva, constituyéndose en un mecanismo de participación como insumo para la decisión que determine la autoridad.

Participación en Materia Aduanera

A través de la Agenda Normativa y el Sistema de Publicación, el Servicio Nacional de Aduanas ha introducido mecanismos de generación normativa que permiten a los usuarios puede revisar el marco jurídico del comercio exterior, así como elaborar las observaciones que correspondan.

*En el ámbito de la infraestructura, también podemos observar la participación ciudadana a través de las siguientes formas:

Participación en obras públicas: Esta participación se desarrolla a través de la proposición de obras para ser sometidas al sistema de concesiones (Ley de Concesiones), la ejecución de obras (Ley de Caminos) y mediante la incorporación de la variable participativa en la formación de políticas, programas y proyectos (idea, perfil, pre-factibilidad, factibilidad, diseño, construcción y operación).

 Participación en materia urbanística: En este ámbito la participación es posible mediante la dictación y modificación de instrumentos de planificación urbana, la información sobre proyectos y los permisos de edificación, el acceso a la justicia en materia urbanística, la participación de la comunidad en el saneamiento de poblaciones y el procedimiento de autorización de instalación de antenas de telefonía móvil.

En el ámbito de la infraestructura, también podemos observar la participación ciudadana a través de las siguientes formas:

Participación en organizaciones: La participación de los ciudadanos en organizaciones constituye otro ámbito que tradicionalmente es calificado como participativo, fundado como está en el derecho constitucional a la asociación, pudiendo materializarse a través de:

Corporaciones (asociaciones) y fundaciones.

Organizaciones territoriales y funcionales.

Asociaciones de Consumidores.

Participación de los pueblos indígenas : La participación de los pueblos originarios suele concretarse mediante el ejercicio de un derecho a la asociación que permita la protección, fomento y desarrollo indígena, así como a la administración del Estado y las organizaciones de carácter territorial, en materias propias de sus interés.

Participación en el fondo de fortalecimiento de organizaciones y asociaciones de interés público: Este fondo concursable, administrador por el Consejo Nacional, tiene por objetivo financiar iniciativas de carácter regional y nacional, cuya finalidad sea la promoción del interés general en materia de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente o cualquier otra de bien común.

Participación en Políticas Públicas Contra la Pobreza: El Sistema Chile Solidario ha focalizado su intervención en la familia. Denominado en la práctica como Contrato Familiar, permite al Estado otorgar diversos subsidios y prestaciones básicas a personas en circunstancias de extrema pobreza. En este ámbito la participación de los beneficiarios asume especial relevancia para el éxito de las políticas públicas, pues desde el punto de vista de la pertinencia de las medidas, la legitimidad de las decisiones y la eficacia de su ejecución, son los propios beneficiarios quienes actúan como agentes de cambio, mediante el fortalecimiento de su capacidad individual.La ley N°20.500 sobre Asociaciones y Participación en la Gestión Pública, reconoce a los ciudadanos el derecho de participación ciudadana en la gestión pública.

Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública

Una de las bases que sustentan el derecho a la participación ciudadana corresponde al acceso a información pertinente o relevante sobre la gestión pública. Tal precepto se consagra legalmente en Chile a través de la ley N°20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública que expresa en su artículo 32, que modifica el artículo 71 de la ley 18.575, que “cada órgano de la Administración del Estado deberá poner en conocimiento público la información relevante acerca de sus políticas, planes, programas, acciones y presupuestos, asegurando que ésta sea oportuna, completa y ampliamente accesible. Dicha información se publicará en medios electrónicos u otros”.

Responsable: Al Ministerio Secretaría General de Gobierno, a través de la División de Organizaciones Sociales (DOS), le corresponde promover la participación ciudadana en la gestión pública y acompañar técnica y metodológicamente a los Ministerios y/o Servicios Públicos de la Administración del Estado, en la implementación de los mecanismos de participación ciudadana que establece la ley N° 20.500 y que se declaran en sus normas generales de participación ciudadana.

Nuevos Desafíos para la participación ciudadana.

La participación ciudadana en la gestión pública, debe avanzar en iniciativas que fortalezcan mecanismos relacionados con participación activa o que permitan un involucramiento mayor de la ciudadanía en la toma de decisiones en los siguientes aspectos:

– Profundizar la información completa, objetiva, fiable y fácil de encontrar y entender.

– Espacios de participación vinculantes y no meramente consultivos.

– Nuevos espacios de participación efectiva (iniciativa popular de Ley, referéndum revocatorio).

– Fomento de la Rendición de Cuentas de actores políticos (Congreso Nacional, Partidos políticos).

La Participación Ciudadana se define como la intervención de particulares en actividades públicas siendo portadores de determinados intereses sociales.

Existen diversos mecanismos de Participación Ciudadana, dentro de los cuales se destaca el Plebiscito Constitucional (nivel nacional), Consejo Regional (nivel regional) y Plebiscito Comunal (nivel comunal).

Otros mecanismos específicos incluyen participación en materia ambiental, en materia urbanística, en obras públicas, en organizaciones, en salud pública, en el ámbito pesquero, en el proceso de zonificación del borde costero, en políticas públicas contra la pobreza, en materia aduanera, y la participación de los pueblos originarios.

La ley N°20.500 sobre Asociaciones y Participación en la Gestión Pública, reconoce a los ciudadanos el derecho de participación ciudadana en la gestión pública.

La ley N° 20.285 instaura el Principio de Transparencia que consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en relación a facilitar el acceso de cualquier persona a esa información.

¡La participación ciudadana en la gestión pública, como nuevo desafío, debe avanzar en iniciativas que fortalezcan mecanismos relacionados con participación activa o que permitan un involucramiento mayor de la ciudadanía en la toma de decisiones.!